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El pasado 12 de julio, leíamos en los noticieros un trágico suceso ocurrido en una residencia de ancianos, ubicada en una localidad zaragozana. ¿El resultado? Ocho personas fallecidas y otras doce heridas.
Queda patente pues, que la ilegalidad campa por sus anchas -una de las mayores plagas del siglo XXI por lo que parece- y aquí NADIE HACE NADA! Ilegalidad que repercute tanto a los usuarios/beneficiarios como a los profesionales de éstos servicios, los cuales llegan a trabajar bajo condiciones laborales deplorables y/o denigrantes. Pero eso sí, luego pasa lo que pasa y todo el mundo se pone las manos a la cabeza preguntándose cómo pudo ocurrir algo así. Falla la responsabilidad de la Administración Pública y falla la responsabilidad de la comunidad o sociedad, como queramos llamarlo. Aunque sobre ésta última el tema puede ser más complicado de lo que parece, pues los ciudadanos nos podemos sentir apabullados por diferentes motivos y eso nos haga no denunciar la situación que tenemos delante de nuestras narices o simplemente estamos viviendo.
Podría ser muy sencillo preguntarse, acusar y juzgar a las familias de los ancianos que vivían en esta residencia, - "¿por qué no denunciaron en su momento, al ver las deficiencias de la residencia?" o incluso, - "¿Cómo han podido llegar a ingresar a su padre, madre, tío, etc., en esa residencia?". Pues, aunque uno no entienda de ratios ni de seguridad puede ver o intuir que algo no funciona como debería, verdad?
Mi respuesta sigue siendo la misma, todo es mucho más complicado, y más en estos tiempos de crisis. Evidentemente que habrá casos en los que hijos o sobrinos pasan olímpicamente de sus familiares y la residencia más barata, sea ésta como sea, es la que elegirán para confinar al anciano.
Pero también es verdad que existe una realidad, muy triste y desgraciada por cierto, en la que los familiares no tienen suficientes recursos, y cuidar a su anciano en el domicilio es prácticamente inviable. Barreras arquitectónicas, ayudas económicas, técnicas o vinculadas a servicios, que nunca llegan, demencias muy avanzadas que requieren de cuidados las 24 horas del día, particularidades de las propias familias, sobrecarga de la (única) cuidadora principal - me permitís que lo ponga solo en femenino porque las estadísticas me amparan a hacerlo- y así un largo etcétera que hacen imposible pagar una plaza en residencia. Las cuales se ofrecen en general por el "módico" precio de 2300 euros al mes.
Visto ésto, ¿quién puede entonces tirar piedras a la llamada comunidad sin poner un "PERO", en mayúscula? ... Yo desde luego no.
"Ocho muertos al incendiarse una residencia de ancianos en Zaragoza" -El País-
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/12/actualidad/1436658633_022046.html
"La falta de control aún permite las residencias "ilegales" -El País-
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/18/actualidad/1437244544_605093.html
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